Perú y México empezaron a dar pasos para normalizar sus relaciones diplomáticas después de varios años de tensiones y una ruptura formal en 2025. Los dos gobiernos confirmaron contactos y expresaron voluntad de recuperar el diálogo, aunque todavía no anunciaron un calendario para restablecer embajadas ni resolvieron el caso de asilo que precipitó el quiebre.

La señal más reciente llegó el 31 de julio, cuando el nuevo canciller peruano, Carlos Espá, afirmó que su gestión trabajará para devolver la relación con México al nivel de diálogo y cooperación que, en sus palabras, corresponde a ambos países. La declaración fue incluida en el discurso oficial de presentación del ministro y luego resumida por la Cancillería peruana.

Dos días antes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había informado que el canciller Roberto Velasco habló personalmente con la presidenta peruana, Keiko Fujimori. Según las declaraciones recogidas por El País, Sheinbaum dijo que los gobiernos estaban avanzando y que México no quería mantener la ruptura, aunque ratificó su posición política sobre el expresidente peruano Pedro Castillo.

Acercamiento sin normalización completa

Los contactos representan un cambio de tono, pero no equivalen todavía a la restauración de relaciones diplomáticas plenas. No se ha informado sobre el intercambio de embajadores, la reapertura de las sedes diplomáticas ni un mecanismo bilateral formal para conducir el proceso.

Espá reforzó el mensaje al describir a Perú y México como países hermanos y expresar su expectativa de retomar una ruta de integración. La nota oficial de la Cancillería peruana fue más acotada: confirmó el objetivo de recuperar el diálogo con México y Colombia dentro de una política exterior que también busca fortalecer la cooperación regional en seguridad, comercio, migración y atención de emergencias.

La prudencia importa porque el principal punto de fricción sigue abierto. En noviembre de 2025, México concedió asilo diplomático a Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros durante el Gobierno de Pedro Castillo. Perú respondió rompiendo formalmente las relaciones y se negó a otorgar el salvoconducto que permitiría su salida hacia territorio mexicano. Chávez permanece refugiada en la antigua sede de la embajada de México en Lima, según El País.

Consultado sobre una eventual autorización, Espá evitó anticipar una decisión y señaló que el Consejo de Ministros evaluará el caso con base en el derecho internacional y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Por tanto, el acercamiento político no implica que Lima haya modificado ya su posición jurídica sobre el salvoconducto.

Una crisis iniciada tras la caída de Castillo

El deterioro bilateral comenzó en diciembre de 2022, después del intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial. El entonces presidente fue detenido cuando se dirigía a la embajada mexicana en Lima, mientras su esposa y sus hijos recibieron asilo en México.

El Gobierno de Dina Boluarte expulsó posteriormente al embajador mexicano después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara la legitimidad de la nueva administración peruana. Las disputas también afectaron a la Alianza del Pacífico y se extendieron a la política migratoria: México restableció en 2024 el requisito de visa para ciudadanos peruanos. Perú anunció una medida recíproca, pero la retiró pocos días después.

La llegada de Fujimori abrió una nueva etapa. México mantiene su respaldo político a Castillo, pero la conversación directa entre autoridades muestra que ambos gobiernos intentan separar esa diferencia de la necesidad de reconstruir canales institucionales. En Perú, el nuevo canciller incluyó a México entre sus prioridades regionales desde su primer discurso de gestión.

Qué está en juego para la región

La normalización tendría efectos prácticos más allá del protocolo. Perú y México comparten espacios como la Alianza del Pacífico y mantienen vínculos comerciales, turísticos y migratorios. Una relación diplomática funcional facilita la coordinación consular, las reuniones ministeriales y las decisiones en mecanismos de integración donde participan ambos países.

El caso también pondrá a prueba la capacidad de los dos gobiernos para administrar desacuerdos políticos sin paralizar la cooperación. Los primeros gestos apuntan a una distensión, pero el resultado dependerá de decisiones aún pendientes: el tratamiento del asilo de Chávez, la eventual reapertura de las embajadas y la definición de una agenda bilateral verificable.

Hasta que esas medidas se concreten, lo confirmado es un acercamiento inicial y no el restablecimiento pleno de relaciones. La voluntad política ha cambiado de tono; la arquitectura diplomática todavía debe reconstruirse.