Perú puso en marcha su nuevo Congreso bicameral con la incorporación de 60 senadores y 130 diputados para el periodo parlamentario 2026-2031. Las juramentaciones, realizadas el 24 de julio en el Palacio Legislativo, marcaron el regreso de un sistema con dos cámaras tras más de tres décadas de funcionamiento unicameral.
La jornada fue conducida inicialmente por la Junta Preparatoria presidida por Miguel Torres. Después de declarar instalado ese órgano temporal, se realizaron por separado las ceremonias del Senado y de la Cámara de Diputados. El Comercio informó que, al cierre del proceso, los 190 legisladores habían quedado incorporados.
Un cambio en la estructura del poder legislativo
El paso de una a dos cámaras no consiste solo en ampliar el número de congresistas. El nuevo diseño distribuye el trabajo legislativo entre el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que la formación de leyes y el control político tendrán una dinámica distinta a la del Congreso unicameral.
La instalación abre una etapa de ajuste institucional. Cada cámara debe organizar sus autoridades, comisiones y procedimientos, mientras el Congreso adapta su funcionamiento a una estructura que no operaba en el país desde comienzos de la década de 1990.
El Diario Oficial El Peruano había informado a inicios de julio que la Junta Preparatoria estaría a cargo del proceso de constitución del Congreso para el periodo 2026-2031. Ese órgano fue creado de acuerdo con una disposición complementaria del reglamento legislativo y tenía funciones previstas hasta el 26 de julio.
Sin una mayoría absoluta
La composición política anticipa un Parlamento en el que los acuerdos entre bancadas serán determinantes. Reuters reportó que ningún partido obtuvo mayoría absoluta en las elecciones generales. Fuerza Popular, la agrupación de la presidenta electa Keiko Fujimori, consiguió la representación más numerosa, con 22 senadores y 41 diputados, según el recuento citado por la agencia.
Juntos por el Perú quedó como la segunda fuerza, con 14 senadores y 32 diputados. La ausencia de una mayoría propia implica que la aprobación de leyes, la conformación de las mesas directivas y las principales decisiones de control político dependerán de negociaciones entre bloques.
Ese reparto será especialmente relevante al inicio del nuevo gobierno. Fujimori asumirá la Presidencia el 28 de julio, cuatro días después de la juramentación legislativa. El Ejecutivo entrante tendrá una bancada amplia, pero necesitará construir acuerdos para impulsar su agenda en ambas cámaras.
Las primeras decisiones
Tras la incorporación de los legisladores, el siguiente paso es completar la elección de las autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados. Estas mesas directivas ordenarán el trabajo parlamentario durante el primer año legislativo y tendrán un papel central en la programación de debates y votaciones.
La transición también exige definir cómo se coordinarán las cámaras durante la tramitación de proyectos. El nuevo esquema añade una segunda instancia de deliberación, lo que puede ampliar la revisión de las iniciativas, pero también obliga a establecer mecanismos claros para resolver diferencias y evitar demoras innecesarias.
Para Perú, la relevancia de la jornada va más allá de la ceremonia. La bicameralidad modifica el equilibrio dentro del Congreso en un momento de cambio presidencial y luego de años de alta inestabilidad política. Su desempeño será medido por la capacidad de ambas cámaras para producir acuerdos, fiscalizar al Ejecutivo y tramitar leyes con reglas previsibles.
Una prueba institucional
La juramentación completa una parte formal de la reforma; la prueba de fondo comienza con el trabajo legislativo. El funcionamiento coordinado del Senado y de la Cámara de Diputados, la transparencia de sus decisiones y la relación con el próximo gobierno definirán si el nuevo modelo contribuye a mejorar la deliberación pública.
Con 190 legisladores ya incorporados, Perú entra así en una etapa parlamentaria distinta. El cambio no garantiza por sí solo mayor estabilidad ni mejores leyes, pero modifica de manera sustancial el proceso por el cual se discutirán y aprobarán las decisiones nacionales durante los próximos cinco años.