La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este miércoles 29 de julio una orden de aprehensión contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras que se extendieron durante siete semanas entre mayo y junio. La medida abre una nueva fase en la investigación, pero no significa que Morales haya sido detenido ni condenado.

El requerimiento, firmado por el fiscal Brayan Melgar, atribuye al exmandatario la presunta comisión de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, según reportaron EFE y N+ Univision tras revisar la orden.

Esas imputaciones corresponden a la Fiscalía y deberán ser probadas en el proceso penal. Morales rechaza las acusaciones y sostiene que buscan responsabilizarlo por las movilizaciones para desviar la atención de la crisis económica y social del país.

Qué investiga la Fiscalía

La investigación busca determinar quiénes convocaron, organizaron y financiaron los cortes de carreteras que afectaron principalmente al occidente y al centro de Bolivia. La denuncia fue presentada a comienzos de julio por dirigentes del Comité pro Santa Cruz y posteriormente recibió la adhesión del Ministerio de Gobierno, de acuerdo con EFE.

Las protestas fueron impulsadas por la Central Obrera Boliviana, organizaciones campesinas y sectores afines a Morales. Su demanda central fue la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de una severa crisis económica. Los bloqueos interrumpieron el transporte de pasajeros y mercancías y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos en varias ciudades.

El Ejecutivo calificó las movilizaciones como un intento de desestabilización. Esa caracterización es una posición del Gobierno y no una conclusión judicial. Morales, por su parte, negó haber ordenado la instalación de los puntos de bloqueo, aunque expresó públicamente su respaldo a las demandas de los sectores movilizados.

Después de alcanzar acuerdos con algunas organizaciones, Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio y desplegó a la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar las rutas. La nueva orden se concentra en la posible responsabilidad penal por los hechos anteriores y no resuelve por sí misma quién dirigió cada protesta o acto de violencia.

Una orden pendiente de ejecución

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, protegido por grupos de seguidores, según EFE. La información disponible al cierre de esta nota no confirmaba que la nueva orden hubiera sido ejecutada.

El expresidente ya afronta otro proceso, separado de esta investigación. En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una orden de aprehensión porque no compareció al inicio de un juicio por presunta trata agravada de personas. Morales también niega esos cargos. La existencia de dos expedientes distintos obliga a no confundir las acusaciones ni sus etapas procesales.

La orden vinculada con los bloqueos también alcanza a dirigentes sociales, entre ellos representantes de la Central Obrera Boliviana y de organizaciones campesinas. Cada implicado conserva la presunción de inocencia y la Fiscalía deberá individualizar las conductas atribuidas, en lugar de tratar como delito la participación general en una movilización.

Una prueba para las instituciones bolivianas

El caso tiene consecuencias políticas porque involucra a un expresidente que mantiene capacidad de movilización y enfrenta al actual Gobierno. Una eventual operación para ejecutar la orden podría elevar la tensión en el centro del país, mientras que una demora prolongada alimentaría cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para aplicar las decisiones judiciales.

También será una prueba para la independencia del Ministerio Público y el respeto del debido proceso. Las autoridades deberán demostrar con evidencia la relación concreta de Morales con la planificación de los bloqueos y con los delitos imputados. La oposición y los sectores afines al exmandatario, a su vez, tendrán que canalizar sus objeciones por vías legales sin recurrir a nuevos cortes que afecten derechos de terceros.

Para Bolivia, el desafío inmediato es separar la rendición de cuentas por posibles delitos del derecho a la protesta. La orden de aprehensión es un acto de investigación, no un veredicto. Su alcance real dependerá de si se ejecuta, de las pruebas que presente la Fiscalía y del control que ejerzan los tribunales sobre el proceso.