El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de Perú evaluó una iniciativa para solicitar al Congreso facultades legislativas en seguridad ciudadana y reactivación económica. La Presidencia informó este miércoles 29 de julio que el planteamiento será aprobado en una próxima sesión del gabinete, por lo que todavía no ha sido remitido ni autorizado por el Poder Legislativo.

La reunión fue encabezada por la presidenta Keiko Fujimori y el jefe del gabinete, Luis Galarreta, un día después del cambio de mando. El anuncio representa un primer paso para convertir parte de la agenda expuesta durante la investidura en propuestas legales, pero no equivale a la aprobación de decretos ni a la entrada en vigor de nuevas políticas.

Qué materias busca abordar el Ejecutivo

La comunicación oficial señaló que el pedido busca dotar al Gobierno de herramientas legales para responder a la delincuencia y atender necesidades de la población. La Presidencia también informó que el gabinete abordó la continuidad reforzada de la intervención de emergencia en el sistema penitenciario, con reformas operativas orientadas a recuperar el control en las cárceles.

El Comercio reportó, con base en la agenda de la reunión, que el proyecto incluiría seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, formalización, promoción del empleo, protección social y desarrollo productivo. También contemplaría simplificación de trámites, eliminación de barreras burocráticas, modernización tributaria y aduanera y una reforma estructural del Estado.

Ese listado describe el alcance que el Ejecutivo pretende solicitar, no medidas ya aprobadas. La nota oficial consultada no precisó el plazo durante el cual pediría legislar, el número de decretos previstos ni el texto definitivo que llegará al Congreso. Esos elementos serán relevantes para evaluar hasta dónde se delegaría la función legislativa y qué controles conservarán las dos cámaras.

El Congreso tendrá la decisión

En Perú, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas y por un plazo determinado. Para hacerlo debe aprobar una ley autoritativa que delimite el contenido y la duración de la delegación. El gabinete, por tanto, no puede concederse esas atribuciones por cuenta propia.

El pedido llegará a un Parlamento que volvió a ser bicameral en 2026. La discusión legislativa deberá definir si autoriza todas las materias solicitadas, si reduce su alcance o si rechaza parte de ellas. También permitirá conocer los proyectos concretos que el Gobierno considera urgentes y su relación con el presupuesto y las instituciones ya existentes.

El procedimiento será una primera prueba de coordinación entre la nueva administración y el Congreso. La rapidez que busca el Ejecutivo tendrá que equilibrarse con la revisión de normas que podrían afectar seguridad pública, impuestos, trámites administrativos, empleo y protección social.

Reorganizaciones frente a El Niño

Durante la misma sesión, el gabinete analizó informes para reorganizar la Autoridad Nacional del Agua y reestructurar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, según El Comercio. El medio vinculó ambas evaluaciones con la preparación frente al fenómeno El Niño, una de las prioridades anunciadas por Fujimori en su discurso de investidura.

La información disponible no establece que esas reorganizaciones ya hayan sido aprobadas ni detalla su estructura, calendario o costo. Su eventual adopción deberá distinguirse del pedido de facultades legislativas, porque se trata de procesos administrativos diferentes.

Para el resto de América Latina, la decisión peruana se inscribe en un debate recurrente sobre cómo responder con rapidez a la inseguridad y a la desaceleración económica sin reducir la supervisión legislativa. El alcance real del plan solo podrá medirse cuando el Ejecutivo publique el proyecto y el Congreso determine las materias y el plazo que estaría dispuesto a delegar.